Es la madrugada del 28 de Junio del 2009. Sobre las cálidas aguas del Mar Caribe se divisa la forma de un avión militar, con estandarte hondureño. A bordo, varios militares y el presidente electo de la República de Honduras, detenido por orden de la Corte Suprema de ese país apenas unas horas antes. Su destino; Costa Rica, donde completarán la expatriación del criminal de lesa Nación.Golpistas que protegen la Constitución, amenazada por un presidente electo que cree en la soberanía popular. ¿Qué está pasando?
Un poco de historia
El 30 de Julio de 1502 Cristóbal Colón desembarcaba en la costa hondureña. Dos décadas más tarde comenzaba la conquista, ordenada por Hernán Cortés y llevada a cabo en primer lugar por Cristóbal de Olid, y más adelante por el lugarteniente de Cortés, Pedro de Alvarado.
Hacia 1537 el territorio ya estaba asegurado, luego de la masacre de aproximadamente el 80% de la población indígena. Sin embargo, Honduras (por aquel entonces aún formando parte de la Capitanía General de Guatemala) fue rápidamente repoblada, tanto por los inmigrantes españoles como por las grandes cantidades de esclavos africanos traídos desde España e Inglaterra.
Hacia 1821, luego de haber transitado por algunos otros cambios administrativos, ya encontramos a la Provincia de Honduras, con una Diputación autónoma, establecida en Comayagua. El 15 de Setiembre del mismo año Guatemala se declara independiente de España.
Dos semanas más tarde la diputación hondureña proclama también su emancipación. De España, claro, porque unos meses más tarde se anexa al Imperio Mexicano, y permanece así durante un año y medio, hasta la formación de la República Federal de Centroamérica (1823). Sin embargo, los múltiples problemas de esta experiencia llevan a la creación de un estado independiente en La nueva república enfrentaba una situación sumamente compleja. Carecía de una economía estable de exportación, de un desarrollo industrial o de los medios para alcanzar cualquiera de ambos. Por otra parte, la inestabilidad social llevó a que el magnicidio y los golpes de estado fueran la norma en la vida política. Durante los primeros 56 años luego de la independencia de España, Honduras vio 85 cambios de Gobierno. Un ejemplo es el de José María Medina, que estuvo once veces en el ejercicio del poder entre 1862 y 1876.
En el último cuarto del siglo XIX, hubo un intento de reconstrucción económica, a través
del desarrollo de grandes industrias para la exportación: el banano, el café, la madera, la ganadería, el tabaco y la plata fueron las materias primas sobre las cuales se centró la mayor atención.
Sin embargo, la mayoría de estas empresas no prosperaron, y aquellas que sí lo hicieron (sobre todo la exportación de bananas), no tuvieron más logro que atraer la codiciosa mirada de los capitales extranjeros. Fue así que la United Fruit Company (junto con otras compañías, como Standard Fruit Company y Cuyamel Fruit Company) realizó inversiones millonarias en suelo hondureño, a cambio de enormes concesiones de tierras. Esto tuvo cuatro grandes consecuencias:
1) Un desplazamiento de la masa campesina, empobrecida y desocupada, hacia el territorio costero (donde se encontraban las plantaciones).
2) Una explosión económica que llevó a Honduras a ser el primer exportador mundial de bananas hacia 1920.
3) Una supeditación de la política hondureña a las multinacionales (particularmente a la United Fruit, que a partir de 1929, a través de la compra de sus competidores, cuenta con el monopolio de la producción bananera de Honduras, convirtiéndose virtualmente en la dueña del país).
4) Un aumento de la riqueza de las clases altas, junto con un empobrecimiento de los sectores populares y un aumento exponencial en los niveles de corrupción estatal.
Es en este contexto que Honduras, junto con Guatemala y Costa Rica, empiezan a ser llamados despectivamente “países bananeros”, y aparecen declaraciones como la de Samuel Zemurray, bielorruso dueño de la Cuyamel Fruit Company y posterior socio de la United, cuando dice que “en Honduras sale más caro comprar una mula que sobornar a un diputado”. El descontento
popular generado por esta situación lleva a un levantamiento, sofocado por el gobierno con la ayuda de marines estadounidenses. A partir de ese momento la ingerencia norteamericana se va a volver más y más una constante.
Se da entonces una nueva oleada de intervenciones militares en la vida política, cada vez que los intereses extranjeros parecen verse amenazados. En 1933 llega al poder el General Tiburcio Carías Andino que, apoyado por las bananeras, va a extender su presidencia dictatorial hasta 1949. Luego de un breve período democrático, Ramón Villeda Morales, presidente electo, intenta realizar una pequeña reforma agraria, lo que concluye con su destitución por la fuerza y la subsiguiente toma de poder por el Coronel López Arellano, apoyado por la oligarquía y Estados Unidos, que detentó el poder hasta 1974. En ese año fue derrocado por el golpe del Coronel Juan Alberto Melgar Castro, destituido por la fuerza tres años más tarde por el Coronel Policarpo Paz García.
En ese estado llegamos a 1979, año de la victoria de la Revolución Sandinista en Nicaragua. La derrota del dictador Somoza a manos de un movimiento popular de izquierda puso en alerta a la cúpula estadounidense, liderada a partir de 1980 por Ronald Reagan. Para debilitar el movimiento revolucionario y evitar su propagación, Washington le “sugiere” a Paz García que lleve a cabo elecciones libres en Honduras. En las mismas resulta electo Roberto Suazo Córdova, y en 1982 es aprobada la nueva constitución.
A partir de ese momento, Honduras se convierte en el centro de operaciones estadounidense en Centroamérica, con John Dimitri Negroponte como embajador. Durante el gobierno de Suazo es creado el “Batallón 316” de Inteligencia Militar, con miembros hondureños entrenados por la CIA, cuya misión es encontrar y eliminar a los simpatizantes de los movimientos de izquierda en Honduras. También desde Honduras se planean y organizan las operaciones de hostigamiento encubiertas contra el gobierno Sandinista, junto con la financiación y el entrenamiento de la “contra” nicaragüense.
Honduras: un Estado de más de 112 mil km², con aproximadamente 7,3 millones de habitantes, y una de las tasas de crecimiento más grande de toda Latinoamérica. Encontramos en su territorio siete etnias diferentes que hablan cinco idiomas distintos (más el español, la lengua oficial).
Hoy cuenta con un 40 % de población rural, y un índice de analfabetismo de alrededor del 27 %. Cerca del 60 % de la población se encuentra debajo de la línea de pobreza, y algo más del 30 % debajo de la línea de pobreza extrema.
Constitución, si, pero ¿de quién?
Electo en el 2005, y en el ejercicio de la presidencia desde 2006, Manuel Zelaya Rosales: ¿Qué fue lo que hizo para ser abandonado hasta por su propio partido, secuestrado, expatriado y amenazado con la cárcel si se atreve a volver por el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia (Jorge Rivera)?
Zelaya no es un miembro de los movimientos de izquierda. Es un miembro de la oligarquía dominante, y perteneciente al Partido Liberal, de centro-derecha. Sin embargo, durante su mandato Honduras se unió al ALBA, se redujeron en un 30% los intereses de los préstamos para viviendas, y se aumentaron los salarios mínimos hasta un 60%.
Estas decisiones le granjearon la enemistad de sus antiguos compañeros, y se desató hacia él una campaña mediática de desprestigio desde los medios masivos, controlados, claro está, por el sector minoritario de terratenientes. También proponía como uno de las grandes metas de su gestión lograr una modernización del Estado, y conseguir una mayor participación ciudadana en la vida política de Honduras. Esto no les hacía ninguna gracia a los sectores conservadores.
La gota que derramó el vaso (o la excusa que faltaba), fue un decreto de Zelaya para que el Instituto Nacional de Estadística iniciara una encuesta de opinión con la siguiente pregunta: “¿Esta de usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre de 2009 se instale una cuarta urna para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que
emita una nueva Constitución de la República?”. Uno de las grandes reformas que Zelaya quería instituir en la nueva Constitución hacía referencia a la alternabilidad en el gobierno. En Honduras la reelección no sólo es inconstitucional,
sino que el promoverla constituye delito de “traición a la Patria”. Zelaya quería derogar el artículo constitucional (239) que plantea: “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de
inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública.” Algo duro, ¿no? Por supuesto, la constitución también prevé los medios para ser reformada, a través de una mayoría especial dentro del Congreso Nacional, en cuyo caso el Presidente no tiene potestades para utilizar la facultad del veto.
Pero en cuanto al artículo de la reelección en particular, se dice (art. 374): No podrán reformarse, en ningún caso, el artículo anterior, el presente artículo, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al período presidencial, a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República, el ciudadano que lo haya desempeñado bajo cualquier título y el referente a quienes no pueden ser Presidentes de la República por el período subsiguiente.”
Es decir, no es constitucionalmente posible cambiar el sistema de alternabilidad en el gobierno. Incluso si esta Constitución fuera derogada, seguiría teniendo peso, pues “Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de cumplirse por acto de fuerza o cuando fuere supuestamente derogada o modificada por cualquier otro medio y procedimiento distintos del que ella mismo dispone.(…)” (art. 375)
Este tipo de artículos es llamado “pétreo”, pues nos permite cambiar de gobierno, pero no de sistema. Y mucho menos “atentar” contra la Constitución, proponiendo su reforma o su derogación. De hecho, una de las causas por las que se pierde la ciudadanía en Honduras es “incitar, promover o apoyar el continuismo o la reelección del Presidente de la República”.
Por suerte, tenemos a las FF. AA. que nos protegen, ya que “Se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la República, mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.” (art. 272)
Aceptemos de momento (sólo por un instante), que la Constitución sea intocable y que pueda existir algo en ella que no se pueda modificar. Tenemos entonces a Zelaya como reo de lesa Nación, un traidor a la Patria que cometió abuso de funciones. De hecho, así lo decidió la Suprema Corte de Justicia al ordenar su captura. Pero lejos de detenerlo y llevarlo a un tribunal
para ser juzgado, es secuestrado y expatriado (lo que sí es inconstitucional). ¿Por qué? La respuesta de los golpistas es que: “Lo que nosotros hicimos fue evitar que él rompiera la Constitución. Sacarlo de Honduras y llevarlo a Costa Rica, y no presentarlo a los tribunales, podría estar atendiendo a un estado de necesidad. Si se lo presentaba a los tribunales era posible que hubiera un escenario de muchas muertes en nuestro país, de tal manera que, entre muchos males, las autoridades también por ley están facultadas a escoger el mal menor, y si el mal menor era sacarlo del país para evitar un derramamiento de sangre, me parece que eso estaba dentro de nuestro marco legal.” (Jorge Rivera, presidente de la Suprema Corte, en entrevista a “La Nación” (Argentina), 23 de Julio de 2009).
¿Golpe de Estado? ¿Dónde?
“Donde un gobierno haya subido al poder por alguna forma de consulta popular, fraudulenta o no, y se mantenga al menos una apariencia de la legalidad constitucional, el brote guerrillero es imposible de producir por no haberse agotado las posibilidades de la lucha cívica”
– Ernesto “Che” Guevara (1)
Resultaría cómico, de no ser tan trágico, la rotunda negativa por parte del gobierno de facto y de sus aliados internos y externos, a aceptar que exista una situación inconstitucional, o un golpe de Estado. De acuerdo con Roberto Micheletti (que asumió la presidencia tras la lectura de una falsa carta de renuncia de Zelaya), no existe sino la continuidad de un mandato que se vio interrumpido por las actividades ilícitas de Zelaya. De hecho, ha declarado que los comicios del 2009 se realizarán sin mayores demoras y asegura que entregará el poder al vencedor.
Este fenómeno de aparente legalidad no es único. De acuerdo con Juan J. Linz, los Estados modernos del siglo XX han presenciado menos revoluciones de masas que el siglo anterior, y habitualmente su destino fue la derrota. El nuevo modelo a seguir para usurpar el poder es el utilizado por Mussolini, que mezcla actividades ilegales con una toma “legal” del poder. Además, es vital el papel de las fuerzas armadas, dado que parece la única fuerza capaz de derribar una democracia. Ningún derrumbamiento democrático fue causado por un movimiento popular de izquierda. “Por tanto, la oposición desleal ha tendido cada vez más a evitar un enfrentamiento directo con el gobierno y sus agentes y ha tratado en su lugar de combinar sus actos ilegales con un proceso legalmente formal de transferencia de poder. En este proceso, la neutralidad, si no la cooperación, de las fuerzas armadas, o un sector de ellas, es decisivo.” (2)
El problema de fondo
El verdadero problema de toda esta situación reside en lo que podemos llamar, acompañando a Hinkelammert, el “Espíritu de la Constitución”. Para entender este concepto y su aplicabilidad, debemos volver a la historia de Honduras. Ya vimos que no es un país que se caracterice por la estabilidad de sus instituciones, y se puede definir claramente como una “Nueva Democracia”. Este concepto, entendido por Weffort, refiere a todos aquellos estados que pasaron por el “reciente derrumbe de las dictaduras, que conducen a la restauración de una democracia que nunca antes llegó a consolidarse.” (3)
La principal consecuencia de la falta de consolidación democrática previa, es que en esta nuevo régimen “fue imposible la completa eliminación del pasado autoritario” (4). Por lo cual, la estructura estatal y lo que podríamos llamar un Volkgeist autoritario no es eliminado, sino que muda de piel. La desigualdad social y económica prevalece, pero detrás de una fachada de igualdad civil. El poder sigue siendo detentado por los mismos que anteriormente lo habían usurpado. Golpistas devenidos en actores políticos. El punto álgido es, ¿Quién escribe la Constitución? ¿Cómo le damos poder? ¿Quién legitima la Ley? ¿Está esa Ley por encima de la soberanía popular?
Es imposible pensar que la Constitución se agota en su contenido formal. Cada ley se escribe de acuerdo a la realidad sobre la que legisla (Hinkelammert). No hay leyes “inocentes”. Cada Constitución defiende un cierto tipo de Estado, ciertos valores, y a ciertos sectores de la población. Las Constituciones de estas nuevas democracias, plagadas de artículos pétreos, actúan como forma de asegurar el mantenimiento, no de la “democracia” a secas (una utópica democracia “sin apellidos”), sino de la democracia liberal. Habitualmente se reconoce como principio necesario (aunque no suficiente) de la democracia la soberanía popular. Esto implica, claro está, “la autonomía de la sociedad civil en relación al aparato del Estado” (5).
Esta noción está vinculada con la idea de que las leyes deben expresar la “voluntad general” (Rousseau). Pero si la ley es la voluntad general objetivada, ¿necesariamente debe coincidir con la voluntad general de facto? Según el propio Rousseau; “Tal es la ventaja propia del gobierno democrático, a saber, el poder ser establecido en el hecho por un simple acto de la voluntad general. Después de lo cual este gobierno provisional queda en posesión, si es esta la forma adoptada, o establece en nombre del soberano el gobierno prescrito por la ley; y todo se encuentra de este modo arreglado.” (6) Es decir, una vez que la voluntad general se objetiva, puede andar por sus propios medios.
Una voluntad general que guía a los miembros del contrato social, aún en contra de las desavenencias de las voluntades individuales. Una idea hermosa. Desafortunadamente en el papel de la voluntad general no hay una entelequia trascendental, sino un hombre de carne y hueso que hace cumplir las normas. El problema surge cuando se confunden los roles, y el que debe servir para hacer cumplir las leyes, se arroga los derechos de ser él también quien las decrete. Incluso estando a favor de la dictadura (en ciertos momento específicos), Rousseau nos advierte de este problema: “Mas si es tal el peligro que el aparato de las leyes sea uno de los obstáculos que impidan preservarse de él, se nombra entonces un jefe supremo, que haga callar todas las leyes y que suspenda por un momento la autoridad soberana. En semejante caso no es dudosa la voluntad general, y es evidente que la principal intención del pueblo es que el estado no perezca. De esta suerte, aunque se suspende la autoridad legislativa, no por eso se extingue: el magistrado que la hace callar, no puede hacerla hablar; la domina sin poder representarla; todo puede hacerlo, menos leyes.” (7)
En todas las democracias modernas se estipula que la soberanía emana del pueblo. Honduras no es la excepción, y la Constitución afirma en el Art. 2: “La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación.” En esta Constitución, sin embargo, la voluntad general objetivada (siendo ingenuos y creyendo que realmente obedecer al sentir popular y no a la ingerencia extranjera), esta por sobre la voluntad general y la vuelve ilegítima si pretende cambiar la Constitución.
Evidentemente esto no tiene ningún sentido… “no hay en el estado ninguna ley fundamental que no pueda revocarse, aunque sea el mismo pacto social; porque si todos los ciudadanos se juntasen para romper este pacto de común acuerdo, no se puede dudar que estaría legítimamente roto.” (8)
Conclusión
Es difícil en un tema como este separar filosofía y política. Incluso considero que no sería deseable. De nada serviría discurrir sobre las vicisitudes a las que nos enfrentamos para validar el peso de una Constitución pétrea partiendo de la noción de voluntad general, si esto no nos lleva tarde o temprano a condenar las violaciones de los derechos humanos que están acaeciendo en Honduras en este momento, como ya han hecho varios países y organismos internacionales (Estados Unidos guarda silencio).
No podemos acusar a Zelaya de atentar contra la democracia. Ni siquiera de atentar contra la democracia liberal. Sólo es acusable por recordarle al pueblo que las leyes existen porque ellos lo deciden, y que si existen leyes injustas, pueden y deben ser derogadas. Solo de darle a su país la posibilidad de escribir su propia constitución…
Una vez más el pueblo víctima de una maniobra orquestada por un gobierno corrupto, despótico y servil a los intereses de las multinacionales y de EE. UU. Una burda fachada que no resiste ni el más superficial de los análisis. Un triste ejemplo y una llamada de atención sobre el camino que aún nos queda por andar como Latinoamericanos para poder emanciparnos realmente.
Notas:1- Ernesto “Che” Guevara. La revolución. Escritos esenciales. Pág. 18
2- Juan J. Linz. La quiebra de las democracias. Pág. 35
3- Francisco C. Weffort ¿Cuál democracia? Pág.134
5- Ídem. Pág. 142
6- Jean-Jacques Rousseau. El contrato social. Pág. 80
7- Ídem. Pág. 100
8- Ídem. Pág. 81
Bibliografía:
Constitución de la República de Honduras, 1982. www.honduras.net/honduras_constitution.html
Walter Antillon. Honduras: El golpe en perspectiva jurídico-política. www.calz.org.ar/
formularios/honduras-golpe.pdf
Helio Gallardo. Notas sobre el golpe de estado en Honduras. www.desdeabajo.info/index.php/
actualidad/internacional/4849-notas-sobre-el-golpe-de-estado-en-honduras.html
Franz J. Hinkelammert. Democracia y totalitarismo. DEI, Costa Rica, 1990.
Juan J. Linz La quiebra de las democracias. Alianza, México, 1990.
Jean-Jacques Rousseau. El contrato social. E-book de www.infotematica.com.ar
Francisco C. Weffort. ¿Cuál democracia? FLACSO, Costa Rica, 1993.
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